Página Siete, Mundiario, El Periódico, La Patria, El Día, EJU, SudamericaHoy.
El ex presidente Carlos
Mesa, que ha sido acusado por el gobierno de Evo Morales por el caso Quiborax,
ha afirmado que no acepta ser acusado sino que acusar. El título me recuerda al
famoso juicio a Dreyfus escrito por Emile Zola.
El gobierno ha cometido un
error político de medidas hercúleas en su intención de iniciar un proceso a su
más poderoso rival.
Dicho injusto proceso ha
creado empatía y la opinión publica, así como muchos medios, se han
solidarizado con el vocero de la causa marítima.
Los bolivianos se dieron
cuenta que el objetivo del gobierno era inhabilitar y desprestigiar la figura
de Mesa. Éste, sin embargo, ha ganado más popularidad que nunca. El mal cálculo
político del gobierno, creo un efecto bumerang. Situación que jamás imaginó.
Incluso la ex ministra de
comunicación y actual gerente general de la editorial del Estado Amanda Dávila,
escribió en su cuenta de twitter “El expresidente Carlos Mesa no debería ir a
la cárcel ni hoy ni mañana pues actuó, durante su gestión, contra la mafiosa
chilena Quiborax en defensa del país; eso o tiene precio, pienso yo”.
Luego aclaró que defendió la
nacionalización, no a Mesa.
Existe una alta probabilidad
de que Evo se postule a pesar de que es ilegal. Fue recientemente proclamado
por sus bases cocaleras del trópico como candidato para las elecciones del 2019.
En tanto el ex presidente ha reiterado que no presentará su candidatura. Algo
difícil de prever.
Ante el crecimiento de la
imagen del ex presidente, el gobierno decidió no tratar durante esta gestión,
la solicitud del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), de realizar un juicio de
responsabilidades contra él ya que existen muchos casos pendientes.
Según una reciente encuesta,
la intención de voto sitúa a Morales con el 27% y a Mesa con 25%. Si ambos se
presentaran, y si así se diera la votación, tendrían que ir al balotaje del que
se estima que el ex presidente obtendría el 48% de los votos y el actual 32%. Aquél
estaría apoyado por la oposición que votó por el NO a la re postulación de Evo
en el referéndum del 21F.
Por tanto, Mesa, sería el
próximo presidente constitucional de Bolivia. ¿Se presentará como candidato de
la oposición ahora dispersa?
El vocero de la demanda
marítima, afirmó que tiene el derecho de combatir el autoritarismo y defenderá el
21F, el talón de Aquiles del presidente Evo. Ya anunció que Morales debe ser
acusado por el caso Guaracachi en el que el Estado boliviano pagó U$ 31.5
millones tras perder el laudo arbitral
por la nacionalización de la compañía eléctrica.
Esto es sólo la punta del
iceberg. Luego sacara al gobierno “los trapitos al sol” que restará votos al
presidente.
El gobierno acusa a Mesa de
emitir resoluciones contrarias a la ley, incumplimiento de deberes y daño
económico al suscribir un decreto que revocó las concesiones de la empresa de
capitales chileno-bolivianos Non Metalic Minerals - Quiborax.
Según la internacionalista
Karen Longaric el gobierno, al revocar la concesión, omitió formalidades
legales subsanables.
En el año 1999 se autorizó a
dicha compañía, explotar la ulexita en el Salar de Uyuni, que sirve para
diversos productos químicos. El superintendente de minas del gobierno de Mesa, anuló
las concesiones por su ilegalidad y las revocó por cometer fraude tributario y
daño al medio ambiente, entre otros incumplimientos. Luego la expulsó. El
gobierno de Evo pagó U$ 42.6 millones a una empresa fraudulenta. Un monto
exorbitante.
Esto no ha sido más que un
intento de juicio político.
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