Diario Pàgina Siete 25/5/2013
Cuesta creer que en nombre de la seguridad
nacional, se espíe a periodistas cuyo trabajo es informar a la opinión pública.
El gobierno norteamericano presidido por un
demócrata, ha cometido una grave violación a la Primera Enmienda de su
Constitución que garantiza la libertad de expresión.
El Departamento de Justicia de EEUU se tomó
la libertad de incautar en secreto el 2012, veinte líneas telefónicas de la
agencia de noticias Associated Press.
El objetivo era descubrir qué autoridad del Gobierno había filtrado información
clasificada que decía que la CIA
había frustrado un complot de la red terrorista de Al Qaeda en Yemen para hacer
estallar una bomba en un avión rumbo al país del norte.
El presidente de la AP
Gary Pruitt, acusó
al gobierno norteamericano de espiar a sus periodistas y calificó aquello de
“intrusión masiva y sin precedentes" en sus operaciones de recopilación de
noticias. La
prensa se atrincheró y condenó el hecho.
La
AP transmitió la historia tras que el Gobierno les
confirmó que no había peligro para sus ciudadanos ni para la seguridad del país.
Dicha agencia consideraba que la noticia era una información que debía ser
conocida por la opinión pública.
El portavoz de Obama afirmó
que el presidente no estaba al tanto. Aquello se sabrá después de una seria
investigación. No así el Secretario de Justicia y Fiscal General Eric Hole que
estaba en conocimiento. Éste declaró que no sabía los detalles y deslindó
responsabilidades al Subprocurador General.
El Departamento de Justicia habría realizado dicho
espionaje con un mandato para investigar presuntas revelaciones de información
clasificada. Aquello, sin embargo, no justifica lo ocurrido.
La libre expresión es un derecho
constitucional atribuido a todos los ciudadanos para publicar sus ideas por
prensa o verbalmente sin cesura previa. Y es obligación de los periodistas
proteger sus fuentes ya que la opinión pública tiene derecho a estar informada.
Demócratas y republicanos criticaron a la
administración Obama y este hecho ha puesto su imagen y la de su partido por
los suelos.
El senado de EEUU presentará un proyecto de
ley que reforzará la protección de las fuentes. Se espera que éste no incluya
excepciones ni restricciones, sino no tendría ningún valor.
Es difícil creer que un país tradicionalmente
democrático recurra a tan incorrectos procedimientos para investigar a una
fuente. Si el Departamento de Justicia quería saber quién fue el Judas que
revelo aquella información, debió haber buscado otros mecanismos de
inteligencia.
Este grave hecho pone en la mira a la
democracia norteamericana porque sin libertad de expresión ni de prensa, ésta
difícilmente se puede ejercer.
Ésto ha traído a la memoria el caso de Watergate cuando los republicanos
espiaron a los demócratas y Nixon se vio obligado a renunciar. Aunque el caso
no es igual, el pecado es el mismo y ha creado gran tensión ente la
administración de Obama y los medios de comunicación.
Este es un revés más para Obama. Primero fue
el atentado de Bengasi en el que quedan dudas si se encubrió lo ocurrido el
sentido de que las autoridades pudieron haber evitado el ataque y la muerte de diplomáticos
norteamericanos.
La administración también está en la mira por
un reportaje publicado por la Tesorería
General en el que descubrió que el Servicio Tributario
Interno desarrollo criterios parcializados para definir las obligaciones
fiscales de los grupos conservadores que conforman el Tea Party.
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